Amnistía Internacional (AI) alertó sobre el impacto de los recortes impulsados por el Gobierno de Javier Milei en los servicios de apoyo para víctimas de violencia de género y el cierre de instituciones claves, en su Informe Anual sobre el Estado Mundial de los Derechos Humanos.
El informe denuncia que hubo una "drástica reducción" del presupuesto destinado a garantizar derechos básicos y advierte sobre "el deterioro de las políticas públicas en niñez, adolescencia y género", informó la agencia Noticias Argentinas.
Violencia de género y derechos sexuales
Desde el inicio de su gestión, el actual Gobierno sostiene en su discurso una negación explícita de la violencia de género, en los hechos ha llevado a la práctica el vaciamiento de políticas de acompañamiento a las víctimas de esa violencia, cuya problemática, lejos de disminuir aumenta.
Así, la organización resaltó que en Argentina, a pesar de persistir una alta tasa de feminicidios -uno cada 33 horas en 2024, se recortaron servicios esenciales: la Línea 144 que atiende denuncias por violencia de género, acompaña y asesora, redujo su personal en un 42% y el programa Acompañar recortó su alcance en un 98,63% respecto de 2023.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, la organización destacó que aunque la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sigue vigente, hubo como contraparte una remarcada escasez de insumos para abortos y un recorte severo al Plan de Prevención de Embarazos No Planificados en Adolescentes, que había logrado reducir un 49% de los casos.
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Violencia contra periodistas y vigilancia digital
El informe también alertó sobre el aumento de la violencia digital contra periodistas:
- 63,5% de las periodistas sufrió violencia online.
- 85,6% denunció acoso o troleo.
- 45,9% sufrió amenazas o acoso sexual.
Además, AI advirtió que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, implementó "vigilancia masiva mediante el monitoreo de redes, reconocimiento facial y análisis predictivo de delitos".
Amnistía denunció también un "creciente nivel de represión en las protestas" tras el nuevo protocolo de orden público y cuestionó el cierre de la Unidad de Investigación de niños desaparecidos de la dictadura.
En materia económica, la organización afirmó que los recortes “impactaron desproporcionadamente en niños y adultos mayores”, agravando la desigualdad y priorizando "exenciones fiscales a grandes empresas" mientras se vetaban aumentos a las jubilaciones.
